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domingo, 30 de junio de 2013

DEFENSORES DEL PUEBLO EXIGIRÁN POLÍTICAS MIGRATORIAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS


LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Los Defensores de Bolivia, Perú y Ecuador y los delegados defensoriales de Colombia y Venezuela, junto a representantes de instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes en la región andina, acordaron pedir a sus gobiernos desarrollar políticas públicas sobre movilidad humana, que incluyan un enfoque de derechos humanos con la participación de instituciones nacionales especializadas y aportes de las sociedad civil.

    De acuerdo con un boletín institucional, esa demanda fue incluida en la Declaración de Quito que firmaron los Defensores andinos junto a la Red Andina de Migraciones (RAM), representantes de la Secretaria General de la CAN, del Comisión Andina de Juristas, Parlamento Andino e instituciones de derechos humanos, a la conclusión del Foro sobre Migraciones Andina, que se realizó del 26 al 28 de junio en la capital ecuatoriana.

    Los firmantes requieren de los gobiernos de la región andina impulsar reformas legislativas basadas en principios y normas constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos en materia de emigración, inmigración, retorno, refugio, trata y tráfico de personas.

    El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, indicó que como instituciones defensoriales asumieron el compromiso de cumplir un rol más activo en la promoción y protección de los derechos de las personas desplazadas, refugiadas, inmigrantes, retornadas, víctimas de trata y tráfico, así como de los ciudadanos y ciudadanas migrantes a países distintos de la comunidad andina.

    Entre otros puntos de la Declaración de Quito se plantea la necesidad de generar espacios de diálogo con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para consolidar acciones comunes, principalmente en las zonas fronterizas y en los territorios con mayor concentración de población en movilidad humana.

    Según informó Villena, los delegados y Defensores manifestaron la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información sobre migraciones andinas, que sea capaz de suministrar datos consistentes,  periódicos y contrastados sobre la movilidad humana.

    Los asistentes al Foro, asimismo, demandan a los Estados impulsar procesos de regularización de los ciudadanos andinos que no tienen definida su condición migratoria en los países miembros de la CAN; el fortalecimiento de la ciudadanía andina, proponiendo la supresión de los sistemas de control migratorio para los ciudadanos y las ciudadanas andinas, y  avanzar hacia la consolidación de la ciudadanía sudamericana logrando un convergencia en las política migratorias de la CAN, MERCOSUR y UNASUR.

    En ese marco, dijo el Defensor boliviano, se destacó de manera positiva la iniciativa de la Cumbre Presidencial de UNASUR realizada en Lima en 2012, donde se acordó avanzar en la concreción del pasaporte sudamericano.

    Asimismo, exhortan al Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la CAN a incidir en la aprobación de una Decisión andina que proteja los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de integración, especialmente el de la autonomía territorial de los pueblos indígenas transfronterizos.

    Sobre la trata de personas en la región andina, proponen desarrollar una Estrategia Integral Andina de lucha contra este delito a través de la promoción de una Directriz Presidencial Andina y adoptar un Protocolo Andino de Atención Integral a víctimas.

    En lo intercultural, demandan considerar la identidad cultural andina con base en un enfoque diferencial, que incluya de manera especial a la población indígena y afrodescendiente, con perspectiva de género y generacional, para responder efectivamente a los desafíos de la movilidad humana y recuperar la cosmovisión andina y la complementariedad de género con enfoque intercultural y prevención de la discriminación racial y la xenofobia.

    Los defensores andinos se comprometieron a llevar a cabo la II Conferencia Internacional Humanitaria en 2014 en Colombia, como parte de la Agenda Social Migratoria Andina y su responsabilidad en la promoción y defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones estructurales para las personas en movilidad humana, especialmente las víctimas de desplazamiento forzado y refugio.

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